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La libertad de empresa en el sector de la Formación Profesional para el Empleo

La libertad de empresa en el sector de la Formación Profesional para el Empleo

La libertad de empresa en el sector de la Formación Profesional para el Empleo

Hoy os queremos trasladar un debate que consideramos relevante para el desarrollo futuro del sector de la formación profesional para el empleo. La publicación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, resolvió varios de los problemas del sector, sin embargo, muchas cuestiones fundamentales todavía no se han solucionado. Previéndose su desarrollo normativo durante los próximos tres meses, consideramos oportuno reflexionar sobre el modelo a seguir, fundamentalmente, en lo relativo a la libertad de empresa, y más concretamente en relación a dos aspectos de la misma:

Libertad de competencia:

La propia Constitución Española de 1978 establece y garantiza la libertad de empresa en todas sus dimensiones, también en lo relativo a la libertad de competencia. Justamente, en relación a esta última, varias sentencias del Tribunal Constitucional inciden en que el régimen de ayudas y subvenciones puede ser un peligro.

¿Es necesario abandonar el sistema subvencional y recurrir a la contratación pública? Os avanzamos algunos de los argumentos del sector a favor de la contratación pública: 

  • La propia Ley 30/2015 deja la puerta abierta a la contratación pública en su Artículo 6 dedicado a la financiación.
  • La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su Artículo 2 establece que las subvenciones no pueden conllevar contraprestación directa de los beneficiarios.
  • El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público define en su Artículo 10 los contratos de servicios y remite a un Anexo II entre cuyas categorías se encuentran los Servicios de Educación y formación profesional.

Unidad de mercado:

La libertad de empresa también se relaciona directamente con la unidad de la economía nacional que encuentra su máxima expresión en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. La propia Ley 30/2015 se refiere y somete a la norma en su Artículo 6.

Sin embargo, en el sector, persisten muchas barreras de acceso (exigencia de inscripción o acreditación en registro autonómico, disposición de instalaciones en la comunidad autónoma…), de modo que varias empresas se han visto obligadas a interponer reclamaciones ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado e incluso interpelar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, quienes se han pronunciado en reiteradas ocasiones frente a estos obstáculos.

Mención aparte merece el Artículo 14 de la Ley 30/2015, precepto que impide que los beneficiarios subcontraten la impartición de las acciones formativas, salvo con personas físicas. Esta medida se repite constantemente en las convocatorias publicadas con posterioridad a la Ley 30/2015, aún a pesar de lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, donde se manifiesta que este tipo de requisitos constituyen obstáculos graves al establecimiento de los prestadores de servicios.

En este contexto, ¿consideráis que se ha alcanzado la unidad de mercado en el sector de la formación profesional para el empleo? Yo creo que no, y que por el bien de las empresas de formación y del propio sistema y de todos los intervinientes en el mismo, y en especial los alumnos que participan en las acciones formativas, debe ser analizado con detalle y reconducido para que la cuota de formación profesional pueda ser aplicada de modo eficiente y obtener los resultados para los que fue creada: una formación para el empleo eficiente y de calidad.

En los siguientes enlaces podéis acceder al análisis completo, con casos de ejemplo, y en el que os podréis formar un criterio propio sobre la necesidad de normalizar el sector de la formación para el empleo:

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